El presidente de la República, Gustavo Petro, destacó la declaratoria de una reserva natural temporal de aproximadamente 940 mil hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta, considerada uno de los ecosistemas más estratégicos del país.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario señaló: “La Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo, acaba de ser protegida por el Gobierno. Casi un millón de hectáreas de reserva ambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta son parte de la reserva, una de las más grandes de la historia del país. Así cuidamos a las comunidades indígenas, a la humanidad y la vida desde el corazón del mundo”.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 0280 del 27 de marzo de 2026, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la cual se declaran de manera temporal cerca de 942 mil hectáreas como reserva de recursos naturales renovables en esta zona del norte del país.
Por su parte, la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, respaldó la decisión y explicó que esta declaratoria busca garantizar la protección de un ecosistema clave para el equilibrio hídrico del Caribe colombiano.
“Con esta decisión aseguramos el papel esencial de la Sierra Nevada de Santa Marta como sistema que regula el agua de múltiples cuencas que abastecen al Caribe colombiano, en coherencia con nuestra apuesta por ordenar el territorio alrededor de la vida y del agua”, expresó la funcionaria en la misma red social.
Asimismo, agregó que la medida reconoce el valor ambiental y cultural del territorio, especialmente para las comunidades indígenas que lo habitan, y fortalece la gobernabilidad ambiental en la denominada Línea Negra, considerada sagrada por estos pueblos.
Alcance y restricciones de la medida
De acuerdo con la Resolución 0280, la declaratoria tendrá carácter temporal por un periodo de dos años, contados a partir de su expedición, o hasta que se adopte una decisión definitiva sobre el manejo y protección del área.
Entre las principales disposiciones, se establece la suspensión de nuevas concesiones mineras dentro del territorio delimitado. Esto implica que no se podrán otorgar contratos de exploración ni explotación de minerales, ni continuar con trámites en curso relacionados con estas actividades.
En ese sentido, la Agencia Nacional Minera no podrá adjudicar nuevas concesiones ni habilitar áreas para proyectos extractivos dentro de la zona protegida.
De igual forma, las autoridades ambientales quedan impedidas para expedir licencias o permisos relacionados con actividades mineras en este territorio, que abarca sectores de los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira.
Esta decisión se convierte en una de las acciones ambientales más relevantes del actual Gobierno, al priorizar la protección de un ecosistema estratégico para la biodiversidad, el recurso hídrico y las comunidades ancestrales del país.
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