La senadora de la República, Norma Hurtado, lanzó una alerta urgente tras conocerse el caso de Geraldine, una joven en Barranquilla que enfrenta una grave condición de salud, evidenciando la desprotección que, según denuncia, viven las víctimas de biopolímeros en el país.
De acuerdo con la información entregada, la paciente ha padecido durante más de 13 años dolor crónico derivado de la presencia de estas sustancias en su cuerpo, lo que la llevó al consumo prolongado del medicamento Tramadol. Actualmente, su estado es crítico: se encuentra en estadio 4 de falla renal, ha perdido uno de sus riñones y el otro presenta un funcionamiento cercano al 30%.
A este panorama se suma un cuadro severo asociado a los biopolímeros, que le ha provocado rigidez generalizada y la aparición de úlceras, deteriorando aún más su calidad de vida.
Denuncian incumplimiento de atención médica
Pese a la gravedad de su estado, la joven —quien cuenta con un fallo de tutela que ordena su atención integral— no ha recibido los servicios médicos requeridos por parte de la Nueva EPS, entidad actualmente intervenida y bajo control del Gobierno nacional.
“El dolor me está matando. Me siento abandonada y decepcionada. Me retrasan las citas, no me realizan exámenes, no tengo tratamiento ni acceso a medicamentos. Le pido al Gobierno que me ayude”, manifestó la paciente.
“No es un caso aislado”: advierte la senadora
Frente a esta situación, la congresista, autora de la Ley de Biopolímeros en Colombia, fue enfática en señalar que este caso refleja una falla estructural en el sistema de salud.
“Este caso es particularmente grave porque no solo se está incumpliendo una orden judicial, sino también una ley que protege a las víctimas de biopolímeros. Esa ley establece la obligación de garantizar atención integral, física y mental, incluyendo procedimientos necesarios para la extracción de estas sustancias”, afirmó Norma Hurtado.
La senadora advirtió que lo ocurrido evidencia problemas en la administración del sistema, dejando sin protección a pacientes que, incluso, cuentan con herramientas legales a su favor.
“Es inaceptable que, teniendo una ley vigente y un fallo de tutela, la paciente siga esperando mientras su salud se deteriora. No podemos permitir que las normas se queden en el papel y que las víctimas de biopolímeros y los pacientes en general sigan siendo invisibles para el sistema”, agregó.
Llamado urgente a las autoridades
Finalmente, la legisladora hizo un llamado al Gobierno nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Nueva EPS para que actúen de manera inmediata y garanticen la atención integral de la paciente.
“Las víctimas no pueden seguir esperando. La ley existe para protegerlas y hoy más que nunca debe cumplirse”, concluyó.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la atención a víctimas de biopolímeros en Colombia y la efectividad de las medidas legales existentes para garantizar su tratamiento y recuperación.
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