El Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó las conclusiones de este este estudio en un Foro convocado por su despacho, con motivo de los 20 años de expedición de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia Paz.
• Las indemnizaciones judiciales han sido asumidas fundamentalmente con recursos públicos (95,53% del total de pagos) y no a partir de la monetización de los bienes objeto de extinción de dominio. (3.755 por valor $24,37 billones constantes de 2024 no monetizados.)
• De acuerdo con el reporte de las entidades involucradas, durante el período 2005 – junio de 2024, se destinaron más de $17,7 billones para la reparación y apoyo a víctimas, investigación penal, judicialización, y reintegración de desmovilizados.
• Actualmente, se encuentran activos 1.507 postulados, el 30% de los que se presentaron, 921 de cuales fueron condenados por 15.236 hechos delictivos (11,85% de los imputados), que reconocieron a 40.450 víctimas (15,8% de las relacionadas en las imputaciones).
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