Este 6 de octubre, la Jueza Tercera Penal del Circuito Especializado de Medellín, Claudia Castro, ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe Vélez y al general retirado Carlos Alberto Ospina, como presuntos provocadores en los asesinatos de los reconocidos abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, ocurridos en 1998.
Uribe, quien actualmente enfrenta una condena en primera instancia de doce años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno, reaccionó de inmediato a la decisión judicial. A través de su cuenta oficial en la red X, calificó la medida como una “compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”.
El origen de esta nueva compulsa está en un testimonio clave analizado dentro de otro proceso judicial: la condena al exsubdirector del desaparecido DAS, José Miguel Narváez, a 28 años de prisión por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba en 1999.
Según el fallo de la jueza Castro, los testimonios revisados apuntan a la existencia de una estructura organizada con capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento, integrada por actores estatales y operadores ideológicos, que habría ejecutado acciones violentas sistemáticas contra figuras públicas que denunciaban violaciones de derechos humanos.
Entre las pruebas citadas destaca la declaración del exparamilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009, quien mencionó una supuesta reunión en 1997 en la finca La Marranera. En ese encuentro, según su versión, habrían participado paramilitares, altos mandos militares y, presuntamente, los hermanos Uribe Vélez, con el propósito de definir una lista de personas consideradas “incómodas” por sus denuncias sobre los nexos entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.
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