Comisión de Seguimiento alerta sobre avances legales, pero señala que la violencia y las deudas con las víctimas persisten.
Un nuevo informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad reveló que, al ritmo actual de las indemnizaciones administrativas, Colombia tardaría aproximadamente 62 años en reparar económicamente a todas las víctimas del conflicto armado registradas en el país.
El documento, presentado este jueves 2 de julio y con corte a mayo de 2026, evalúa el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y concluye que, aunque existen avances normativos y voluntad política para fortalecer los derechos de las víctimas, la persistencia de la violencia continúa siendo uno de los principales desafíos.
De acuerdo con el informe, el Registro Único de Víctimas supera los 10 millones de personas inscritas, una cifra que sigue aumentando debido a nuevos hechos victimizantes, entre ellos desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores de edad, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sociales.
El análisis también identifica un desfase entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Registro Único de Víctimas. De las 14.659 víctimas acreditadas ante la JEP, cerca del 43 % no aparecen registradas oficialmente en el RUV, lo que representa un reto para el acceso a medidas de reparación.
El informe destaca los avances derivados de la Ley 2421 de 2024, que fortaleció la atención y reparación integral a las víctimas. Sin embargo, advierte que la realidad en los territorios sigue marcada por la violencia. Solo durante 2025 fueron documentados 187 asesinatos de líderes y lideresas sociales, mientras que desde 2016 la cifra acumulada supera los 1.800 casos.
En materia de restitución de tierras y vivienda, el balance también evidencia importantes rezagos. Aunque se reconocen avances en la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras, el informe señala que únicamente el 10,7 % de los hogares víctimas habita actualmente en una vivienda considerada digna.
Finalmente, el Comité de Seguimiento valoró los actos públicos de reconocimiento de responsabilidad realizados por el Estado y algunos actores armados, especialmente en casos de ejecuciones extrajudiciales. No obstante, las organizaciones de víctimas insistieron en que aún falta conocer la verdad completa sobre los responsables de estos hechos, reiterando la exigencia de esclarecer quiénes dieron las órdenes para la comisión de los crímenes.
